08/11/09 - Los servicios de salud tienen varias modalidades. Inglaterra, Canadá y Cuba cuentan con sistemas de seguridad social estatal con cobertura total. En algunos países europeos la prestación es mixta: estatal y privada. Otros países estamos inmersos en el sistema neoliberal, en el que la salud se convierte en una mercancía más. Este sistema de salud  prioriza las ganancias y ha condicionado la atención a los pacientes a sus finanzas. La producción y comercialización de medicamentos hoy en día es uno de los mejores negocios. Los medicamentos “inventados” tenían patentes  cortas (5 años). Tras el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC-1994), la protección de patentes se impuso para 20 años. La ADPIC, que constituye uno de los tres pilares que sostienen a la Organización Mundial de Comercio (OMC), privilegia el monopolio de fármacos, evita la competencia e incrementa los precios. Los efectos de estas políticas pesan sobre los países en vías de desarrollo que carecen o tienen una limitada industria farmacéutica. Un tercio de personas en el mundo no tiene acceso a medicamentos y 14 millones de personas anualmente mueren por infecciones tratables por fármacos.

 

En el Ecuador, 177 farmacéuticas operan el 87% de productos con ganancias de 720 millones de dólares anuales. Cinco empresas manejan el 61% de fármacos y solo el 10% se distribuye en zonas rurales. Un 80% de la población mundial utiliza las medicinas alternativas y las plantas medicinales ancestrales como tratamientos. Curiosamente, un 25% de medicinas producidas por las farmacéuticas tiene su origen en “descubrimientos” sobre plantas medicinales y hay un 40% en lista de ser aprobadas. El ahorro en este tipo de investigaciones “dirigidas” es inmenso para las farmacéuticas y las regalías no llegan a los dueños del conocimiento ancestral. Se estima que las ganancias de estos nuevos fármacos sobrepasan los 68 mil millones de dólares anuales. El Ecuador gasta alrededor del 2% de su PIB en la compra de medicamentos. El sida y la gripe AH1N1 sirven de ejemplo para visualizar la inequidad de las patentes. Los altos costos de las medicinas para estas enfermedades tornan privativo el acceso a los tratamientos y, al no ser de consumo masivo, aumentan las tasas de muerte.

Nuestra Constitución garantiza el derecho público a la salud y la equidad en el acceso a fármacos. El Gobierno ecuatoriano rescata ese derecho con el Decreto 118 que libera las licencias de unos 2.000 medicamentos; facilita así la producción libre de los “inventos” patentados y, en función de la salud colectiva, posibilita el acceso del público a estos productos. Las farmacéuticas ecuatorianas aceptaron el decreto y han dicho que lo hacen por las mismas razones de solidaridad social, aunque en estos casos de liberación obligatoria de patentes, incluso se reconocen regalías a los poseedores de patentes. Esta noticia que recorrió el mundo por los beneficios sociales que conlleva, no ha sido suficientemente ponderada en nuestro país. Cualquier acción del Estado encaminada a la protección de la salud debería suscitar el apoyo general.