Alvy / Microsiervos 04/04/10 - El proceso que sufrió la denominada «Ley Hadopi» en Francia es todo un ejemplo de lo que puede suceder cuando se intenta imponer para Internet una normativa con consecuencias que no tienen equivalente en el «mundo real». A pesar de haber sido apoyada fuertemente por el presidente francés Nicolas Sarkozy, y tras haber sido aprobada por el Congreso y el Senado, fue declarada inconstitucional y reformada para evitar el conflicto con los derechos civiles de los ciudadanos. El efecto final fue una versión tan descafeinada de la normativa que dejaba las cosas prácticamente como antes de su entrada en funcionamiento.

HADOPI son las iniciales de Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet o «Alta Autoridad para la Difusión de las Obras de Artes y la Protección de los Derechos de Autor en Internet». Es el nombre de la comisión creada por el gobierno a partir de la Ley de Creación e Internet que se presentó como propuesta en Francia en 2008 y fue aprobada en 2009. La idea era proteger a los propietarios de materiales con derechos de autor de las copias «ilegales» y de su difusión no autorizada. Esto se haría mediante una especie de policía paralela ante la que se podrían denunciar las infracciones, que podrían suponer el corte de la conexión (y la denegación del servicio en el futuro) para los usuarios infractores.

La mecánica básica de la parte más controvertida de la Ley Hadopi es fácil de entender, y se basaba en la creación de una comisión y los denominados «tres avisos» antes de interrumpir la conexión e imponer un castigo al internauta. En otros países se plantearon fórmulas similares:

La guerra entre los internautas y el gobierno francés respecto a la Ley Hadopi fue larga, y se centró principalmente en los aspectos de la indefensión de los usuarios ante un procedimiento que quedaba fuera del circuito jurídico habitual y en el que incluso se negaba la oportunidad a la gente de recurrir, por no hablar del hecho de «tener que demostrar su inocencia» ante la denuncias, algo que consideraban totalmente inaceptable. La Quadrature du Net fue el principal grupo activista en contra de la Ley Hadopi; otras organizaciones como las de consumidores también se unieron. Políticamente el asunto no pareció interesar demasiado a los diversos grupos, que vivieron todo el proceso sin mojarse demasiado a favor ni en contra; únicamente el Partido Verde se opuso firmemente. Algunos de los representantes de grupos como el Partido Socialista francés se mostraron divididos a título individual.

La Ley Hadopi fue aprobándose en primeras instancias para luego ser rechazada un tanto por sorpresa (por un problema de incomparecencias), luego debatida de nuevo, y finalmente aprobada, tras ciertas enmiendas, en mayo de 2009.

Sin embargo, a los pocos días de su aprobación algunos miembros de la Asamblea Nacional francesa presentaron un recurso por inconstitucionalidad. A las pocas semanas el Tribunal constitucional declaraba nulas diversas partes de la Ley Hadopi, en especial la más relevante y debatida por los internautas, alegando que aprobar el método de sanción con protocolos fuera de los circuitos judiciales habituales violaba principios fundamentales de la constitución tales como la «presunción de inocencia, la separación de poderes y la libertad de expresión». Meses después aprobarían una versión descafeinada de la Ley Hadopi que básicamente garantiza que nadie pueda desconectar la conexión a Internet de un usuario sin un proceso judicial imparcial previo.

A partir de ese momento, la existencia de la Ley Hadopi se convirtió en cierto modo en algo irrelevante, dado que básicamente se había llegado al mismo punto en el que se estaba antes de su puesta en funcionamiento, pero tras un enorme gasto en tiempo, energía, propuestas, normas y protocolos que en poco cambiarían el panorama: para cortarle la conexión a alguien que supuestamente estuviera haciendo algo ilegal respecto a materiales con los derechos de autor en Internet sería necesaria la intervención de un juez y un proceso justo e imparcial previo, en el que el acusado tuviera formas de recurrir y defenderse como en otros órdenes de la vida. Para ese viaje no les hubieran hecho falta tantas alforjas.

Si de algo sirvió el largo peregrinar de la Ley Hadopi también fue para comprobar los diversos métodos y «dudosas tácticas» que un gobierno puede llegar a utilizar para apoyar e intentar llevar a cabo sus propuestas. Entre la lista de despropósitos que los activistas desvelaron en relación con la Ley Hadopi se encuentran todas estas perlas: